Del 9 al 31 de diciembre, la Unión Coreana de Trabajadores Ferroviarios (KRWU), miembro de la afiliada a la ISP, Federación Coreana de Sindicatos de Trabajadores del Transporte y los Servicios Públicos (KPTU), convocaron una huelga como medida de protesta contra la implantación unilateral por parte del gobierno de la fragmentación y la privatización ferroviarias. A pesar de que se trataba de una huelga totalmente legal según las normas internacionales y que se respetaron los servicios mínimos obligatorios, el gobierno coreano y la corporación ferroviaria de Corea (Korail) la califican de ilegal. Durante la huelga, la policía realizó una redada en las oficinas de la KRWU y de su central nacional, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU). Casi 200 cargos de la KRWU están acusados de delitos penales, cinco están encarcelados y cientos corren el riesgo de ser despedidos o de que les impongan otras medidas disciplinarias. La compañía Korail también presentó una demanda contra el sindicato por daños y por difamación y le reclama millones de euros. La represión contra la KRWU es la última de una larga lista de violaciones de los derechos de los sindicatos del sector público. El gobierno coreano rechazó cuatro veces ya la solicitud de inscripción sindical presentada por la Unión Coreana de Empleados del Gobierno (KGEU), afiliada a la PSI, la última vez en agosto del año pasado, relegando al sindicato a la condición de organización extralegal. En octubre, el gobierno canceló también la inscripción de la Unión Coreana de Trabajadores de la Enseñanza de la Educación (KTU). Aunque la razón argumentada para retirarles la autorización a estos sindicatos fue que entre sus miembros había trabajadores despedidos, está claro que están en el punto de mira porque se oponen a las políticas del gobierno coreano de desreglamentación y privatización de los servicios públicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya recomendó en varias ocasiones al gobierno coreano que revise sus leyes nacionales para autorizar a que los trabajadores y trabajadoras despedidos o desempleados mantengan su afiliación sindical y que reconozca a los sindicatos KGEU y KTU. La imposición no democrática de la privatización y los ataques frontales a los sindicatos ha provocado protestas generalizadas y ha recibido el apoyo del movimiento sindical mundial, de la sociedad civil y de la opinión pública coreana. En este contexto, los sindicatos de Corea están preparando junto a las organizaciones sociales, una huelga general y una manifestación multitudinaria el 25 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la toma de posesión del actual gobierno. Durante la misión, los delegados y delegadas sindicales internacionales participaron en una manifestación frente a la estación de Seúl, a la que asistieron cientos de miembros de sindicatos afiliados a la ISP. Se entrevistaron con dirigentes del partido de la oposición y visitaron a los dirigentes encarcelados de la KRWU. También se reunieron para establecer una estrategia mediante la cual presionar al gobierno coreano para que dé marcha atrás, respete los derechos sindicales y permita que la democracia auténtica se desarrolle en el país.